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Redacción

Prevención del blanqueo de capitales

Estamos inmersos en una etapa en la que las disposiciones legislativas y normativas en torno al sistema económico, tratan de seguir una línea de austeridad y ahorro del estado para reducir el déficit público. El pasado 22 de abril, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, un texto que si bien no tiene como objetivo la reducción del gasto público, sí que se integra en la estrategia económica al establecer disposiciones para evitar que el sistema financiero y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos. Al ser de obligado cumplimiento, es necesario que las empresas y sobre todo agentes económicos conozcan las disposiciones establecidas, ya que se establecen una serie de deberes administrativos, entre los que se encuentran identificar y conocer a los clientes habituales y esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y su comunicación al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar al personal para la prevención del blanqueo de capitales.

La aprobación de esta Ley no es un paso definitivo para eliminar por completo la opacidad de los paraísos fiscales, pero sí que supone avanzar y superar otro pequeño escalón que nos permita acercarnos a las medidas marcadas por los países que forman parte del G-20.  

Escrito el 27/04/2011 - 00:00

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