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Ya es un hecho. Andalucía retoma sus cursos presenciales de Formación Profesional para desempleados con una partida presupuestaria de más de 71,5 millones de euros. Se trata de una convocatoria de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva en materia de Formación Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas.

Tras cinco años de parón, los cursos se iniciarán a comienzos del próximo año. Ya se pueden presentar las solicitudes. El plazo abarca los 10 días tras la publicación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en este caso, hasta el día 12 de septiembre.

En cuanto al importe, el total se distribuye en las diferentes provincias en función del porcentaje de desempleados inscritos como demandantes de empleo en cada localidad, de tal forma que Almería disfrutará de más de 5,10 millones de euros. Cádiz cerca de los 12,5, Córdoba más de 7,2; Granada poco menos de 7,4; Huelva casi 4,10 millones de euros, Jaén 5,329; Málaga 12,561 y Sevilla, 17,564.

Para acceder a esta financiación, las entidades solicitantes presentarán un proyecto de programación formativo por cada provincia en las que tenga interés en participar.

Beneficiarios

Podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades de formación pública o privada, acreditadas o inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de Formación Profesional para el Empleo de Andalucía.

Requisitos y capacidad técnica

Las entidades solicitantes deberán tener capacidad técnica en gestión, instalaciones y medios disponibles así como recursos humanos que se destinarán a la ejecución de la programación formativa.

Obligaciones de los beneficiarios

Aquellas entidades que saquen su proyecto formativo adelante con las subvenciones de esta convocatoria están en la obligación de remitir a la correspondiente Delegación Territorial competente en materia de Formación Profesional para el Empleo la comunicación de inicio de la acción formativa en un plazo de al menos cinco días antes del inicio en el que se especifique la fecha de inicio y finalización, la planificación didáctica de la acción formativa, la programación didáctica del módulo, la planificación de la evaluación del aprendizaje, el programa formativo del módulo de formación práctica en centros de trabajo, documentación acreditativa de la existencia de una póliza de seguro para las distintas fases de la acción formativa incluyendo la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo.

Lea la convocatoria al completo

El Gobierno ya ha aprobado la Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en ámbito laboral.

Resumimos las claves:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN
La Ley 30/2015 recoge las siguientes iniciativas de formación:

  • Formación programada por las empresas para sus trabajadores
  • Oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados constituida por programas de formación sectoriales y programas de formación transversales, además de aquellos de cualificación y reconocimiento profesional
  • Oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los servicios de empleo, los programas específicos de formación y los programas formativos con compromiso de contratación.
  • Otras iniciativas


    Formación programada para las empresas
    Formación que impartirán a sus trabajadores.

    Duración de los cursos
    Mínimo dos horas, frente a las seis impuestas en la ley anterior. Así, se establece un sistema de módulos que fijarán el precio mínimo y máximo de los cursos según el sector que se aplicará a todas las empresas y entidades independientemente de su tamaño.
    En esos módulos, se incluyen los costes tanto directos como indirectos (luz, fotocopias) y no podrán superar el 10% del total.
    En el caso de que las empresas contraten la formación a entidades externas, los costes por organización no podrán superar el 10% de la actividad formativa. Aunque sí podrán alcanzar el 15% para formar a trabajadores de empresas de entre seis y nueve empleados y hasta un 20% si hay hasta cinco personas en plantilla.

    Oferta formativa para trabajadores ocupados
    El objetivo: ofrecerles una formación les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad.

    La empresa podrá formar a sus empleados mediante bonificación por la cuota de formación a la seguridad social.
    O mediante formación de oferta. Es decir, a través de subvenciones desde la administración. La novedad es que la obtención de estos fondos queda abierta al 100% a la concurrencia competitiva. Es decir, no son reservas para agentes sociales si no que podrán optar a ellos cualquier centro privado acreditado.

    Oferta Formativa para trabajadores desocupados
    El objetivo: ofrecerles una formación ajustada a las necesidades formativas individuales y del sistema productivo para que tengan competencias requeridas en el mercado laboral y puedan mejorar su empleabilidad.

    IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN (De obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero de 2016)
    La formación profesional para el empleo podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación, bajo plataformas y contenidos accesibles a las personas con discapacidad, o bien de forma mixta, mediante la combinación de las dos modalidades anteriores.
    Se trata de una de las importantes novedades de la ley: potenciar la formación online frente a la formación a distancia tradicional, que queda suprimida para ir en línea con los avances tecnológicos y sus garantías y calidad de la formación.

    ¿Quién podrá impartir formación profesional para el empleo?

    • Empresas que desarrollen acciones formativas para sus propios trabajadores o para trabajadores de su ámbito o desempleados con compromiso de contratación u otro acuerdo con los servicios públicos de empleo
    • Administraciones públicas competentes en materia de formación profesional para el empleo
    • Entidades de formación pública o privada, acreditadas o inscritas en el correspondiente registro.

    ¿Cuáles son las obligaciones de las entidades de formación que impartan formaciones?

    • Cumplir con lo legal y reglamentario
    • Facilitar la participación, seguimiento y evaluación de los alumnos
    • Someterse a controles y auditorías de calidad que establezcan las Administraciones competentes
    • Mantener las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y medios humanos
    • Comunicar a la Administración Pública competente para mantener la inscripción como entidad de formación de cualquier cambio de titularidad o de forma jurídica de la misma

    Seguimiento y control
    Las acciones formativas deben ser objeto de un seguimiento y control efectivo por las administraciones competentes que comprenderá la totalidad de las iniciativas y modalidades de impartición y abarcará, más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación contribuyendo así a garantizar su calidad.

    Consulta el Boletín Oficial del Estado