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La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., pretende potenciar un conjunto de acciones destinadas a formar a los ciudadanos empadronados en la Ciudad Autónoma de Melilla en situación de desempleo, especialmente los que no continúan en los sistemas de enseñanza reglada.

La intención es garantizar y adecuar sus conocimientos a los requerimientos propios del mercado de trabajo de forma que satisfagan las necesidades empresariales, mediante el acceso de los desempleados a itinerarios de formación-empleo que mejoren su empleabilidad, utilizando para ello acciones de Formación Profesional para el Empleo.

Se establece un presupuesto para esta Convocatoria de 897.804 euros. Lo dispuesto en esta Convocatoria será de aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Beneficiarios

Los beneficiarios deberán disponer de manera directa o indirecta de local en la Ciudad Autónoma de Melilla con Licencia de apertura como Centro de Formación (o documento equivalente según la legislación vigente) y Certificado, emitido por técnico competente, acreditativo del cumplimiento de la normativa sobre Accesibilidad y Eliminación de barreras (BOME 4089 de 25 de mayo de 2004) así como de los criterios de interpretación adoptados (Orden 1548 de 25/11/2011).

Destinatarios

Los destinatarios finales de las acciones serán las personas desempleadas o inactivas que superen el proceso de selección establecido en cada acción formativa, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Proyectos subvencionables

A los efectos de la presente Convocatoria los tipos de proyectos subvencionables son:
A) Cursos de preparación para la obtención de un Certificado de Profesionalidad homologado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
B) Cursos de preparación para la obtención de un Título o carnet profesional homologado por la Administración competente en cada caso.
C) Cursos de formación en oficios de difícil ejecución en la Ciudad Autónoma de Melilla, que o bien se encuentran en vías de desaparición o bien por diversos motivos tales como déficit de formadores, empleo de un equipamiento costoso y especializado o altas expectativas de inserción laboral a corto plazo, en cualquier caso, tienen como consecuencia un déficit de mano de obra cualificada y aprendices que aseguren la continuidad o la implantación del oficio en la Ciudad. Se incluyen en este apartado los Certificados de Profesionalidad que no dispongan de centro acreditado en la Ciudad de Melilla y que figuren en el anexo I a esta Convocatoria.
La modalidad será, en cualquier caso, PRESENCIAL.

Presentación de solicitudes y plazo

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto Melilla S.A. o en la página web www.promesa.net, entregándose estas debidamente cumplimentadas en soporte papel en el registro de Proyecto Melilla, previa asignación de número de expediente.
2.- Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. (C/ La dalia nº 36. 52006 Melilla) y en todos aquellos a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.- La presente convocatoria se publicará en la forma señalada en el art. 20.8 de la Ley General de Subvenciones, siendo la fecha límite de presentación de solicitudes 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad.

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El Gobierno ya ha aprobado la Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en ámbito laboral.

Resumimos las claves:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN
La Ley 30/2015 recoge las siguientes iniciativas de formación:

  • Formación programada por las empresas para sus trabajadores
  • Oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados constituida por programas de formación sectoriales y programas de formación transversales, además de aquellos de cualificación y reconocimiento profesional
  • Oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los servicios de empleo, los programas específicos de formación y los programas formativos con compromiso de contratación.
  • Otras iniciativas


    Formación programada para las empresas
    Formación que impartirán a sus trabajadores.

    Duración de los cursos
    Mínimo dos horas, frente a las seis impuestas en la ley anterior. Así, se establece un sistema de módulos que fijarán el precio mínimo y máximo de los cursos según el sector que se aplicará a todas las empresas y entidades independientemente de su tamaño.
    En esos módulos, se incluyen los costes tanto directos como indirectos (luz, fotocopias) y no podrán superar el 10% del total.
    En el caso de que las empresas contraten la formación a entidades externas, los costes por organización no podrán superar el 10% de la actividad formativa. Aunque sí podrán alcanzar el 15% para formar a trabajadores de empresas de entre seis y nueve empleados y hasta un 20% si hay hasta cinco personas en plantilla.

    Oferta formativa para trabajadores ocupados
    El objetivo: ofrecerles una formación les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad.

    La empresa podrá formar a sus empleados mediante bonificación por la cuota de formación a la seguridad social.
    O mediante formación de oferta. Es decir, a través de subvenciones desde la administración. La novedad es que la obtención de estos fondos queda abierta al 100% a la concurrencia competitiva. Es decir, no son reservas para agentes sociales si no que podrán optar a ellos cualquier centro privado acreditado.

    Oferta Formativa para trabajadores desocupados
    El objetivo: ofrecerles una formación ajustada a las necesidades formativas individuales y del sistema productivo para que tengan competencias requeridas en el mercado laboral y puedan mejorar su empleabilidad.

    IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN (De obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero de 2016)
    La formación profesional para el empleo podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación, bajo plataformas y contenidos accesibles a las personas con discapacidad, o bien de forma mixta, mediante la combinación de las dos modalidades anteriores.
    Se trata de una de las importantes novedades de la ley: potenciar la formación online frente a la formación a distancia tradicional, que queda suprimida para ir en línea con los avances tecnológicos y sus garantías y calidad de la formación.

    ¿Quién podrá impartir formación profesional para el empleo?

    • Empresas que desarrollen acciones formativas para sus propios trabajadores o para trabajadores de su ámbito o desempleados con compromiso de contratación u otro acuerdo con los servicios públicos de empleo
    • Administraciones públicas competentes en materia de formación profesional para el empleo
    • Entidades de formación pública o privada, acreditadas o inscritas en el correspondiente registro.

    ¿Cuáles son las obligaciones de las entidades de formación que impartan formaciones?

    • Cumplir con lo legal y reglamentario
    • Facilitar la participación, seguimiento y evaluación de los alumnos
    • Someterse a controles y auditorías de calidad que establezcan las Administraciones competentes
    • Mantener las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y medios humanos
    • Comunicar a la Administración Pública competente para mantener la inscripción como entidad de formación de cualquier cambio de titularidad o de forma jurídica de la misma

    Seguimiento y control
    Las acciones formativas deben ser objeto de un seguimiento y control efectivo por las administraciones competentes que comprenderá la totalidad de las iniciativas y modalidades de impartición y abarcará, más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación contribuyendo así a garantizar su calidad.

    Consulta el Boletín Oficial del Estado

  • Procurar que el desempleo juvenil (de 25 a 29 años) baje del 20% es el objetivo por el que la Comisión de Economía y Competitividad del Senado ha decidido ampliar la edad máxima de acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil hasta los 29 años.

    Se trata de una medida acordada entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social junto a los consejeros de la misma área de todas las comunidades autónomas de España durante la LX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el pasado 13 de abril, fecha en la que se acordó que la edad máxima sería hasta los 25 años pero con la posibilidad de que los Estados Miembros pudieran ampliarla.

    Ya está aprobada esta medida que entrará en vigor en los próximos días para cambiar esta situación laboral que sobre todo se concentra en el colectivo juvenil

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    Ya está en vigor el Real Decreto 4/2015 de 22 de marzo para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
    Se trata de una medida del Gobierno para afrontar los cambios necesarios en un modelo productivo que sitúe a España en una senda sostenible de crecimiento que genere empleos estables y de calidad.

    Objeto y ámbito de la aplicación

    Se trata de un real decreto-ley que pretende regular la planificación y financiación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, la programación y ejecución de las acciones formativas, el control, el seguimiento y el régimen sancionador, así como el sistema de información, la evaluación, la calidad y la gobernanza del sistema, conforme a los fines y principios señalados en los artículos 2 y 3.

    Además, el nuevo sistema de formación profesional para el empleo dará cobertura a empresas y trabajadores de cualquier parte del territorio del Estado español y responderá a una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los demás agentes que intervienen en el mismo para garantizar la unidad de mercado y un enfoque estratégico de la formación que respete el marco competencial existente.

    Fines del sistema

    1. Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados para mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, además de su desarrollo profesional y personal.
    2. Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.
    3. Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las prácticas adecuadas.
    4. Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en especial de aquellos que tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral.
    5. Promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores sean objeto de acreditación.

    Financiación

    Este sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral se financiará con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores según la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, así como con las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y con los fondos propios que las comunidades autónomas puedan destinar en el ejercicio de su competencia.
    Igualmente las acciones del sistema de formación profesional para el empleo podrán ser objeto de cofinanciación a través del Fondo Social Europeo o de otras ayudas e iniciativas europeas.

    Impartición de la formación

    Podrán efectuarse las acciones formativas de modo presencial, teleformación o mixta.
    Y podrán hacerlo las empresas que desarrollen acciones formativas para sus propios trabajadores así como para trabajadores de su grupo o red empresarial o para desempleados con compromiso de contratación u otro acuerdo con los servicios públicos de empleo. También las Administraciones Públicas competentes en materia de formación profesional para el empleo podrán participar a través de centros propios adecuados para impartir formación o mediante convenios o conciertos con entidades o empresas públicas que estén acreditadas o inscritas para impartir formación, en cuyo caso estas últimas no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa sin considerarse subcontratación, a estos efectos, la contratación del personal docente.
    Las entidades de formación públicas o privadas, acreditadas o inscritas en el correspondiente registro conforme a lo previsto incluidos los Centros Integrados de Formación profesional de titularidad privada pueden también impartir formación. En el caso de que los trabajadores de la plantilla de estas entidades actúen como beneficiarios o proveedores de la oferta formativa podrán participar en acciones formativas que la empresa gestione hasta un límite del 10% (para empresas de más de 10 empleados en Formación Programada) de participantes propios de la empresa y en ningún caso podrá superarse este porcentaje. Además, estas entidades no podrán contratar a terceros para la ejecución de las acciones formativas pero sí incorporar docentes a su plantilla. En este sentido, la contratación de docentes para realizar las acciones formativas no se considerará subcontratación.

    Control de la formación

    Para garantizar el cumplimiento de las condiciones que motivan la realización de las acciones formativas, estas deben ser objeto de un seguimiento y control efectivo por las administraciones competentes que aglutinará la totalidad de las iniciativas y modalidades de impartición y se ampliará más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, incorporando los resultados de la formación y contribuyendo a garantizar su calidad.

    Consulte aquí el Boletín Oficial del Estado

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    El Departamento de Economía y Empleo de la Comunidad de Aragón aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados del Plan de Formación para el Empleo de Aragón para este año.

    Se trata de una convocatoria cuyo objeto prioritario es la inserción o reinserción laboral de los trabajadores desempleados en aquellos empleos que requiere el sistema productivo. Además, la concesión de estas subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva atendiendo a los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.

    Financiación
    La financiación para llevar a cabo estas acciones formativas asciende a 8.000.000 euros.

    Destinatarios de la formación
    Trabajadores desempleados prioritariamente. La participación de estos será de al menos un 70% de alumnos que inician la formación. La consideración de desempleados vendrá determinada por la situación laboral en la que se encuentren al iniciar la formación.

    Plazos de solicitud
    Durante 15 días naturales al día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

    Resolución
    El plazo máximo para decidir los destinatarios de dicha convocatoria será de cuatro meses a partir de la fecha de publicación de esta orden y entendiéndose como desestimada si una vez terminado el plazo, no se ha notificado resolución expresa.

    Consulte aquí la convocatoria completa

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