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Sentencia del Tribunal Constitucional respecto a conflicto de competencias con la Generalitat de Cataluña
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El Boletín Oficial del Estado ha publicado la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al conflicto positivo de competencia planteado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. En concreto, afecta a aquellas entidades de formación con centros en diferentes comunidades autónomas.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

1.º Estimar parcialmente el conflicto positivo de competencia núm. 5240-2017 y declarar que son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias y, en consecuencia, inconstitucionales y nulos, el párrafo cuarto del artículo 28.1 en el inciso «empresas que tengan sus centros de trabajo en más de una comunidad autónoma», y el párrafo primero de la disposición adicional cuarta.1 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

2.º Desestimar el conflicto en todo lo demás.

Sentencia completa en:
http://boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf

Escrito el 26/07/2018 - 10:39

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Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Redacción

Prevención del blanqueo de capitales

Estamos inmersos en una etapa en la que las disposiciones legislativas y normativas en torno al sistema económico, tratan de seguir una línea de austeridad y ahorro del estado para reducir el déficit público. El pasado 22 de abril, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, un texto que si bien no tiene como objetivo la reducción del gasto público, sí que se integra en la estrategia económica al establecer disposiciones para evitar que el sistema financiero y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos. Al ser de obligado cumplimiento, es necesario que las empresas y sobre todo agentes económicos conozcan las disposiciones establecidas, ya que se establecen una serie de deberes administrativos, entre los que se encuentran identificar y conocer a los clientes habituales y esporádicos, establecer procedimientos y órganos internos de control, examinar operaciones sospechosas y su comunicación al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), conservar los documentos durante un mínimo de diez años y formar al personal para la prevención del blanqueo de capitales.

La aprobación de esta Ley no es un paso definitivo para eliminar por completo la opacidad de los paraísos fiscales, pero sí que supone avanzar y superar otro pequeño escalón que nos permita acercarnos a las medidas marcadas por los países que forman parte del G-20.  

Escrito el 27/04/2011 - 00:00

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