Aprobada la ley del Sistema de Formación Profesional para el empleo en ámbito laboral

El Gobierno ya ha aprobado la Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en ámbito laboral.

Resumimos las claves:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN
La Ley 30/2015 recoge las siguientes iniciativas de formación:

  • Formación programada por las empresas para sus trabajadores
  • Oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados constituida por programas de formación sectoriales y programas de formación transversales, además de aquellos de cualificación y reconocimiento profesional
  • Oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los servicios de empleo, los programas específicos de formación y los programas formativos con compromiso de contratación.
  • Otras iniciativas


    Formación programada para las empresas
    Formación que impartirán a sus trabajadores.

    Duración de los cursos
    Mínimo dos horas, frente a las seis impuestas en la ley anterior. Así, se establece un sistema de módulos que fijarán el precio mínimo y máximo de los cursos según el sector que se aplicará a todas las empresas y entidades independientemente de su tamaño.
    En esos módulos, se incluyen los costes tanto directos como indirectos (luz, fotocopias) y no podrán superar el 10% del total.
    En el caso de que las empresas contraten la formación a entidades externas, los costes por organización no podrán superar el 10% de la actividad formativa. Aunque sí podrán alcanzar el 15% para formar a trabajadores de empresas de entre seis y nueve empleados y hasta un 20% si hay hasta cinco personas en plantilla.

    Oferta formativa para trabajadores ocupados
    El objetivo: ofrecerles una formación les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad.

    La empresa podrá formar a sus empleados mediante bonificación por la cuota de formación a la seguridad social.
    O mediante formación de oferta. Es decir, a través de subvenciones desde la administración. La novedad es que la obtención de estos fondos queda abierta al 100% a la concurrencia competitiva. Es decir, no son reservas para agentes sociales si no que podrán optar a ellos cualquier centro privado acreditado.

    Oferta Formativa para trabajadores desocupados
    El objetivo: ofrecerles una formación ajustada a las necesidades formativas individuales y del sistema productivo para que tengan competencias requeridas en el mercado laboral y puedan mejorar su empleabilidad.

    IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN (De obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero de 2016)
    La formación profesional para el empleo podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación, bajo plataformas y contenidos accesibles a las personas con discapacidad, o bien de forma mixta, mediante la combinación de las dos modalidades anteriores.
    Se trata de una de las importantes novedades de la ley: potenciar la formación online frente a la formación a distancia tradicional, que queda suprimida para ir en línea con los avances tecnológicos y sus garantías y calidad de la formación.

    ¿Quién podrá impartir formación profesional para el empleo?

    • Empresas que desarrollen acciones formativas para sus propios trabajadores o para trabajadores de su ámbito o desempleados con compromiso de contratación u otro acuerdo con los servicios públicos de empleo
    • Administraciones públicas competentes en materia de formación profesional para el empleo
    • Entidades de formación pública o privada, acreditadas o inscritas en el correspondiente registro.

    ¿Cuáles son las obligaciones de las entidades de formación que impartan formaciones?

    • Cumplir con lo legal y reglamentario
    • Facilitar la participación, seguimiento y evaluación de los alumnos
    • Someterse a controles y auditorías de calidad que establezcan las Administraciones competentes
    • Mantener las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y medios humanos
    • Comunicar a la Administración Pública competente para mantener la inscripción como entidad de formación de cualquier cambio de titularidad o de forma jurídica de la misma

    Seguimiento y control
    Las acciones formativas deben ser objeto de un seguimiento y control efectivo por las administraciones competentes que comprenderá la totalidad de las iniciativas y modalidades de impartición y abarcará, más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación contribuyendo así a garantizar su calidad.

    Consulta el Boletín Oficial del Estado

  • Tags: 

    Tipo de entrada: 

    Resumen blog: 

    Aprobada la ley del Sistema de Formación Profesional para el empleo en ámbito laboral